¿Hacia el derrumbe de la democracia?

cómo interpretar que los principios aplicados por un tribunal puedan
ser la base para exonerar de responsabilidad penal a un banquero y que
ese mismo tribunal, en un procedimiento de características
parangonables, olvide sus propios criterios y condene a tres
representantes públicos?

¿Cómo entender que tras un sobreseimiento de la causa y dos sentencias
absolutorias se retuerza la lectura jurídica de un caso hasta alcanzar
la condena?

¿Cómo comprender que todo el mundo se equivoca en la interpretación de
la ley -Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Ministerio
Fiscal…- salvo la escabrosa y montaraz verdad jurídica de un sindicato
ultraderechista, antisistema y de dudosa reputación democrática?

¿Cómo creer en la independencia de unos jueces que, en contra incluso
del criterio del Ministerio Fiscal y con el único soporte de una
acusación popular ejercida por un sindicato ultra, no han detenido su
actuación hasta alcanzar el objetivo condenatorio en un ejemplo
palmario del dicho popular de quien la sigue la consigue?

La Sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado lunes por la cual
se condena a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por un
delito de desobediencia es, sin duda alguna, una de las decisiones más
graves y de mayor alcance que representantes de un poder del Estado
español han protagonizado contra la voluntad democrática de la
sociedad vasca desde el establecimiento de la democracia.

Decisión grave no por su impacto personal, que también, sino por la
intromisión, desafuero y deslegitimación que supone contra las
instituciones vascas, y especialmente contra el Parlamento vasco,
órgano legislativo de la Comunidad Autónoma Vasca, cuya independencia,
autoorganización y legitimidad han sido saboteadas por la
interferencia de un poder ajeno, contraviniendo no ya la separación de
poderes sino su esencia diferenciada marcada en el ordenamiento
jurídico vigente.

Decisión de gran alcance ya que, de momento, el Tribunal Supremo ha
atropellado a una de las instituciones comunes que los vascos
refrendamos a la hora de establecer nuestro vínculo de convivencia en
el Estado español, al amparo del título octavo de la Constitución y su
desarrollo en el Estatuto de Autonomía de Gernika.

Decimos de momento porque mucho nos tememos que esta última actuación
judicial politizada, jaleada por quienes desean abortar el
autogobierno vasco, sea la antesala de nuevas iniciativas arbitrarias,
revestidas de un soporte jurídico indefendible, que tengan como
horizonte próximo la condena del diálogo político y como consecuencia
práctica la sanción e inhabilitación de la máxima institución del
país, del lehendakari de Euskadi.

La sentencia del Tribunal Supremo no es una casualidad ni un hecho aislado.

En estos casi treinta años de autogobierno vasco la voluntad política
expresada en las urnas, los marcos jurídico-políticos de convivencia
pactados entre Euskadi y el Estado español han sido sistemáticamente
coartados, recortados, limitados y reconvertidos. A veces ha sido
debido a la acción política, mediante leyes vulneradoras de derechos;
en otras ocasiones, las más, la agresión ha procedido de la actuación
constante y pertinaz de una justicia politizada al servicio de la
desnaturalización del autogobierno vasco. Marcos competenciales
desdibujados, limitación en la capacidad de gestión, sentencias
uniformadoras, etc., se han sucedido en todo este tiempo gracias a la
constante deriva de un poder judicial que, mayoritariamente, pasó de
la dictadura a la democracia sin transición alguna y sin reciclaje
democrático.

Pero de un tiempo a esta parte la vocación política de determinados
magistrados y órganos judiciales ha hecho que la intromisión judicial
en el ámbito político provoque situaciones límite como la que hoy
vivimos.

El intento de anulación, por la vía de hecho, del Concierto Económico
provocada por el propio Tribunal Supremo, con su próxima vista
prejudicial en la Corte de Luxemburgo; la validación de leyes
excepcionales ilegalizadoras de ideas y formaciones políticas, de
aplicación arbitraria, dando cobertura a la restricción de derechos
civiles que penalizan a una parte de la sociedad a la que se le priva
de su derecho a la libre elección; la supeditación de la actuación y
la autonomía parlamentaria reflejada en la sentencia dictada contra
Atutxa, Knörr y Bilbao y la criminalización del diálogo para alcanzar
la paz con el procesamiento del lehendakari y de otros representantes
políticos nos hace pensar que estamos ante un grave riesgo de
involución política.

Algunos dirán, en su complacencia y afinidad con los objetivos
definidos por esta estrategia de justicia politizada, que la
pretensión de quienes firmamos este escrito es presionar a los
magistrados, que sólo aceptamos los autos judiciales cuando éstos nos
son favorables. Dirán igualmente que pretendemos situar a nuestros
representantes institucionales por encima de la ley. Y no es cierto.

Pretendemos una Administración de Justicia como poder independiente,
pero de ninguna manera admitiremos una Justicia como poder con
autonomía política.

Nuestra pretensión no es ni presionar a los jueces ni menoscabar su
imparcialidad. No queremos ni favores judiciales ni situar a nuestras
instituciones y a sus representantes por encima de la ley.

Nuestra voz se alza para denunciar una estrategia que nos conduce al
derrumbe de la democracia. Una estrategia que utiliza a determinados
jueces como partisanos, como ariete de choque contra la voluntad de la
ciudadanía. Y como representantes de esa misma ciudadanía, más que
nunca, reivindicamos la acción política y, porque es consustancial a
ella, el valor del diálogo. Acción política y diálogo sin cortapisas
ni procedimientos viciados que impidan la convivencia y el
entendimiento. Negar la política y el diálogo es tanto como negar la
solución de los problemas y de los conflictos políticos como el que
afecta a nuestro país.

Las instituciones que hoy se ven erosionadas por la vía judicial son
el fruto de la voluntad de la sociedad vasca. Voluntad que hoy y
mañana se seguirá expresando para decidir su presente y su futuro.

Con ese afán, en defensa de la legitimidad, de la dignidad de las
instituciones vascas y de sus representantes, y como respuesta cívica
de un Pueblo que exige respeto a su voluntad democráticamente
expresada convocamos a toda la ciudadanía vasca a manifestarse
pacíficamente mañana, sábado, día 26 de enero, a las 18.00 horas, por
las calles de Bilbao.