En el año 2010 se debe aprobar una Ley de Memoria Histórica

En el año 2010 se debe aprobar una Ley de Memoria Histórica en los Parlamentos de Navarra y Euskadi.

La aprobación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica en España, asume la condena del franquismo, contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en España entre los años 1939 y 1975.

Si bien la mayoría de las apreciaciones sobre los beneficios de la norma, conducen a calificar la misma como insuficiente, la Ley tiene por objeto reconocer y ampliar los derechos a favor de quienes padecieron persecuciones y violencia por razones políticas, ideológicas y religiosas durante la guerra civil y la dictadura franquista. En tal sentido, se establece promover la reparación económica y moral de las víctimas, declarando la ilegitimidad de los juicios llevados adelante por jurados y tribunales, que impidieron a los acusados tener un juicio justo, como por ejemplo, los llevados a cabo contra Republicanos, Nacionalistas vascos y catalanes, miembros del Partido Comunista y de la Masonería.

El artículo 10 de la Ley establece el reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia y las libertades, por lo cual, se establece una indemnización para sus hijos, cónyuges y descendientes de los del represaliados.

También la Ley prevé llevar adelante medidas para la identificación de las víctimas. En tal sentido, el gobierno en colaboración con las administraciones públicas elaborará un protocolo de actuación científica y el cual será multidisciplinar, que asegure la colaboración institucional en las exhumaciones.

El artículo 15 que garantiza la retirada de escudos, insignias y placas que hagan referencia a la exaltación del franquismo. Todo indica que hasta la actualidad poco se ha avanzado, ya que la corporación católica no se siente alcanzada por la misma. Son muy débiles los argumentos de - estética cultural - para que de las iglesias católicas no se retiren las sepulturas de los asesinos, las placas y demás ornamentos, cuyo único fin, es perpetuar y rendir homenaje a un sistema político, que enalteció el culto a la intolerancia, al fanatismo y a la muerte, cómo método para silenciar a la mayoría de la sociedad.

Otro capítulo aparte merece el destino final del Valle de los Caídos, que en definitiva no sufrirá muchos cambios en su rol y funcionamiento. Sería justo que se retiraran del mismo los cadáveres de quienes allí están sepultados y entregados a sus familias para la inhumación en cementerios comunes. Además, el lugar debería convertirse en un Museo de la Memoria Histórica, para cumplir con una doble función. La primera, conformar un archivo y una biblioteca, a la cual se remita toda la documentación judicial, bibliografía, periódicos, filmografía y demás testimonios sobre la dictadura franquista, destinado a investigadores, estudiantes de diferentes niveles educacionales y público en general. La segunda función consistirá en transformar parte de las instalaciones en un lugar de exposición permanente, con la resultante del retiro de toda la simbología e iconografía franquista de los lugares públicos.

Con el fin de garantizar la reconstrucción de la memoria histórica, se debe apoyar a todos los colectivos que trabajan en la búsqueda y reconocimiento de los fusilados sepultados en fosas comunes por los franquistas. Además, se debería prohibir ocupar cargos públicos a quienes se les comprueben violaciones a los derechos humanos, como así también, establecer en el juramento para los electos de todos los niveles de la administración pública, parlamentos y plenos y cargos ejecutivos, un párrafo condenatorio a la dictadura franquista, como una forma de fortalecer día a día, el Estado de derecho.

Sólo con la verdad histórica se podrán saldar los hechos ocurridos en el pasado. En tal sentido, sería tarea de EA, Aralar y el PNV en la CAV y de Nafarroa Bai en Navarra, llevar adelante esta iniciativa, mientras que el Partido Socialista se encontrará ante la encrucijada de negar la verdad histórica o ser coherente con su origen político.

Prof. César Arrondo
UNLP/ AHAZTUAK/Argentina

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